Unos 130.000 hogares en Aragón individualizarán el gasto de calefacción antes de 2021

Según estimaciones realizadas por ista, unas 130.000 viviendas en Aragón tendrán que contabilizar individualmente su consumo de calefacción antes de 2021, tras la publicación por parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de la Propuesta de Real Decreto por la que se regula la contabilización de consumos individuales de calefacción.

 

Con la entrada en vigor de este Real Decreto, prevista para dentro de unos meses, todos los edificios con calefacción central que no resulten exentos de la obligación, por no ser rentable o técnicamente inviable, deberán instalar contadores de calorías o repartidores de costes de lectura remota.

 

Las estimaciones previas apuntan que Aragón ahorrará entre un 15 % y un 30 % del total del coste de la energía consumida por los edificios con calefacción central, lo que permitirá a las familias aragonesas ahorrar hasta 120 euros por año. Además, la comunidad autónoma dejará de emitir un total de 40.000 toneladas de CO2 en los próximos cinco años.

 

La Propuesta de Real Decreto que ha sido publicado marca el 30 de noviembre de 2021 como fecha límite para que las viviendas de Aragón realicen las mejoras correspondientes.

 

Guía Práctica del Proyecto de Real Decreto por el que se regula la Contabilización de Consumos Individuales de Calefacción

 

En ista hemos creado una Guía Práctica para entender las consecuencias para todos los usuarios.

Con la publicación del Proyecto de Real Decreto, todos los edificios que no resulten exentos de la obligación deberán instalar contadores de calorías y, en caso de que eso no sea técnicamente viable (cuando la distribución de la calefacción sea por columnas), repartidores de costes. Todos los contadores de calefacción o repartidores de costes instalados deberán ser de lectura remota.

 

La fecha límite de instalación varía en función de en qué zona climática esté el edificio, y si el edificio tiene más o menos de 70 viviendas. Además, habrá multas y estas serán de entre 1.000 y 10.000 euros si no se cumple con la obligación, siendo las comunidades autónomas las responsables de inspeccionar y multar, en su caso.

 

Gracias a la Guía Práctica publicada por ista es posible conocer, entre otros aspectos, si existe obligatoriedad para instalar repartidores de costes.

 

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